Luis Quintanilla, fundador del Dispensario Nacional
Egresado de la carrera de Química y Farmacia, en 2016 Luis Quintanilla fundó el Dispensario Nacional de cannabis. La institución, con sede en Providencia, se convirtió en la primera asociación de cannabis medicinal que cultiva plantas para sus miembros. Todos, pacientes tratados con cannabis terapéutico prescrito por médicos, dentro del marco legal vigente.“Partimos con diez, después 50 y el año llegamos a ser 340 personas”, relató sobre la cantidad de personas que se han beneficiado en la organización. Sin embargo, hoy son alrededor de 200. “Nos pegaron fuerte”, dijo Quintanilla a The Clinic, en entrevista por live de Instagram.
Esto menciona en relación a los allanamientos que sufrieron por la policía en los años 2018 y 2021. El más grave fue el ocurrido el año pasado, que terminó con Luis cumpliendo 80 días de prisión preventiva en el penal Santiago I. “Fue fuerte la primera semana. Se ven otras cosas, violencia todos los días. Ahí te das cuenta que un lugar que debiera ser una entidad de reinserción social se transforma en una universidad de la delincuencia”, recordó Luis.
¿Por qué fue imputado Luis Quintanilla?
Según cuenta el presidente del Dispensario Nacional, fue imputado por el artículo 8 de la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.En específico, el texto dice que “el que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes”. Pero Quintanilla se defiende diciendo que “el procedimiento que se da en la ley 20.000 es el bien jurídico que protege salud pública. Sin embargo, incautando asociaciones de cultivo medicinal lo que hacen es dejar a merced a estos usuarios que necesitan sus terapias. Entonces tienen que salir a buscar al narco.
Dispensario Nacional es una respuesta a la sociedad civil a un vacío que deja el Estado acá: te permite ser consumidor y te permite tener tu consumo personal próximo en el tiempo, o para un tratamiento médico, pero castiga y persigue todas las formas que tú tienes de acceso a la sustancia”. “Entonces, ¿qué espera el Estado? ¿Qué nos caiga el cannabis desde el cielo? Es obvio que tiene que haber alguien que la cultive”, reflexiona.
Trabas legales para el cultivo de cannabis
En un comunicado enviado hace algunas semanas a The Clinic, desde Dispensario Nacional señalaban que “la Fiscalía argumenta que falta un permiso de cultivo y plantación de cannabis que sería entregado por el Servicio Agrícola Ganadero”, cuando “el mismo SAG informó al ex Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que dicho certificado no existe y que no se entrega ni para uso personal ni colectivo”.Sostuvieron además que “las asociaciones de cultivo de cannabis como Dispensario Nacional, son corporaciones sin fines de lucro, y están constituidas al amparo de la ley N° 20.500. En éstas, los miembros o socios son dueños de lo que produzca la organización, por lo que no existe comercio ni tráfico”.
Promesa de gobierno
Sobre este tipo de medidas, Quintanilla dice que espera que se cumpla lo que sostenía el Presidente Gabriel Boric en su programa de gobierno cuando era candidato. “La forma de dar ese paso es crear un proyecto de ley o que el Presidente cumpla su palabra eliminando la criminalización y haciendo actos reparatorios a los usuarios que autocultivan. Eso es una reforma fácil por un decreto presidencial reglamento N°867 que regula la ley 20.000. Así cambia la sustancia de la lista de peligrosidad: hoy en día el cannabis está en la misma lista que está la heroína y el fentanilo, drogas que matan a miles de personas en todo el mundo”, precisa. “Lo que hacen las asociaciones de cultivo es quitarle a una persona el narcotráfico. Ese usuario que antes buscaba alguien que le vendiera, ahora deja de hacerlo: obtiene su suministro de forma ordenada y le dice el doctor que debería ser. Es un modelo social que funciona como una cooperativa y que debería replicarse en todo el país. Los municipios deberían replicarlo con personas jurídicas sin fines de lucro y crear diferente tipos de asociaciones y pacientes que reúnan y busquen este objeto en común”, insiste.